Acojonando a Mas

Artur Mas está acojonado. La noticia le ha hecho replantearse su intención de conseguir una Cataluña independiente. No sabe si seguir adelante con su política independentista después de que sus responsables de prensa le hicieran llegar un teletipo de Europa Press desde Oviedo. «Todos los grupos parlamentarios asturianos, salvo IU, aprueban una propuesta contra consultas de autodeterminación», reza el teletipo. Inquieto ante esta firme posición de la Junta General del Principado de Asturias, el presidente de la Generalitat quiere conocer con detalle el texto de la resolución. Esto es lo que dice:

La Junta General del Principado de Asturias considera que la unidad de la nación, consagrada en el artículo 2 de nuestra Constitución, lejos de ser solamente un principio jurídico o una formulación abstracta y sentimental, constituye el mejor instrumento para garantizar la cohesión y la igualdad entre todos los ciudadanos españoles, razón por la cual manifiesta su oposición a las tentativas de secesión y a la convocatoria ilegal de consultas de autodeterminación como la que recientemente ha sido planteada desde el Gobierno y el Parlamento de Cataluña.

Es la segunda oposición de este tipo que recibe Artur Mas en las últimas 48 horas. El pasado martes, el Congreso de los Diputados rechazó una proposición no de ley, presentada por Esquerra Republicana de Cataluña, para que Cataluña pudiera convocar referendos. La oposición a la independencia de Cataluña ha pasado de ser simples declaraciones a convertirse en resoluciones y rechazos en el Congreso. No es lo mismo oponerse por palabras que a través de votaciones. Dubitativo ante estos constantes rechazos, Artur Mas se sitúa entre la espada y la pared: ¿Seguir con sus intenciones de independencia a sucumbir a las presiones? Al final, toma una resolución. Quizá inesperada. Va a seguir adelante con el proceso que ha iniciado a pesar de todas estas presiones. Y no sólo eso sino que va a morir matando: decide pedir otros 410 millones más al fondo de liquidez autonómico.

Esta introducción irónica -espero que se haya notado- viene a cuento de la resolución aprobada por la Junta General del Principado en contra de «las tentativas de secesión y a la convocatoria ilegal de consultas de autodeterminación como la que recientemente ha sido planteada desde el Gobierno y el Parlamento de Cataluña». Durante los dos últimos días, se ha celebrado el debate de orientación política en Asturias en el que uno de los temas que más se ha tratado es la posible independencia de Cataluña. ¿Por qué se ha debatido sobre este deseo secesionista de una región en otro Parlamento autonómico?  Al igual que la mayoría de asturianos, no encuentro ninguna explicación. ¿No sería más lógico debatir este tema en las Cortes, tanto en el Congreso de los Diputados como en la cámara territorial por excelencia, el Senado? ¿Qué le importa a los asturianos en particular los deseos de independencia de Cataluña? Porque si a alguien le afecta este proceso secesionista es a los españoles en general, representados en las Cortes, y a los catalanes en particular, representados en el Parlamento catalán.

Más allá de esta consideración, quiero hablar de uno de los instrumentos políticos más ineficaces y absurdos de la política española: las resoluciones y las declaraciones institucionales. Estos textos suelen instar a alguna persona o empresa para que no haga algo perjudicial para el interés general. Se puede decir que se trata de una especie de presiones políticas bien redactadas, de puro sentido común y con carácter de solemnidad que suelen poner de acuerdo a grupos políticos que en otros asuntos de mayor importancia social no logran alcanzar acuerdos.

Pues bien, creo que las resoluciones y las declaraciones institucionales no han servido nunca para nada. En primer lugar, por sus contenidos generales, superficiales y, repito, de puro sentido común. ¿Qué partido político no apoya el mantenimiento de las empresas asentadas en una región y evitar su deslocalización? ¿Qué partido político no respalda a los trabajadores de una empresa que ha puesto en marcha un ERE? ¿Qué partido político no rechaza cualquier tipo de violencia? Con estos enunciados tan generales y llenos de buenas intenciones, normal que los grupos políticos logren un consenso generalizado en materia de resoluciones y declaraciones institucionales.

Y en segundo lugar y sobre todo, no creo que estas resoluciones y declaraciones institucionales tengan ningún efecto real hacia las personas o empresas a las que van dirigidas. ¿Un empresario privado va a dar marcha atrás a sus intenciones de deslocalizar una industria o aprobar un ERE por que un Ayuntamiento haya emitido una declaración institucional de rechazo a estas medidas? ¿Un secuestrador, por ejemplo, va a liberar a sus rehenes tras la aprobación de una resolución política? ¿Artur Mas va a abandonar sus deseos independentistas ante las presiones del Congreso de los Diputados y la firme oposición de la Junta General del Principado?

Dudo que Artur Mas lea la posición del Parlamento asturiano respecto a la posible independencia de Cataluña. Y si lo hace, dudo que el papel en el que esté impresa la noticia aguante más de cinco segundos en las manos del presidente de la Generalitat.